
lmendras Manolet, la empresa más importante de Elche y una de las punteras en España en el procesado de almendras, que está en suspensión de pagos necesaria con un pasivo de 10 millones de euros tras denunciar un caso de grave espionaje industrial, se ha querellado penalmente en los juzgados alicantinos no sólo contra cuatro ex empleados, sino también contra varias empresas de su más directa competencia. La compañía de frutos secos, con más de sesenta años de existencia, ha presentado pruebas ante la autoridad judicial que incriminan a una supuesta trama organizada, la cual podría haberle generado un quebranto económico de 35 millones de euros en los últimos diez meses.
Inmaculada Juárez, la abogada de Manuel Alonso, gerente de Alonso Mediterránea, conocida popularmente como Manolet, con larga trayectoria en la industria alimentaria de España y de otros cuarenta y siete países en los cinco continentes, asegura que varias empresas del sector de frutos secos de la zona (entre Cataluña y Andalucía) «se han lucrado presuntamente con esta situación». El gerente de Manolet ya explicó a este diario hace dos días que cuatro ex empleados de la compañía habían realizado competencia desleal y «se habían llevado el fondo de comercio».
Diligencias policiales
La letrada, del bufete Juárez&Asociados, con sede central en Madrid, asegura que «la complejidad de la trama abarca situaciones de espionaje industrial y vulneraciones de los derechos de la empresa, amparados por ley contra la competencia desleal. Manolet está pidiendo indemnizaciones por daños y perjuicios por valor de 35 millones de euros, justo la cantidad de quebranto económico que ha generado presuntamente dicha trama organizada. La Policía Judicial ya ha realizado varias diligencias en los últimos días y el despacho de abogados está a la espera de que el juez decrete formalmente el secreto de sumario «dada la gravedad de los hechos y la repercusión económica», añade Inmaculada Juárez Marroquí.
La compañía asegura que, pese a facturar en el último ejercicio registrado (el del 2008) un total de 52 millones de euros, la mitad correspondientes a exportaciones, la crisis económica del año 2009 lastró su solvencia financiera. Los retrasos en el pago se habían renegociado ya con la banca, según explicó Manuel Alonso, pero las entidades empezaron a desconfiar de la firma ilicitana en el momento en el que cuatro de sus ex empleados «empiezan a provocar un clima de alarma injustificada con respecto a los clientes». «Las negociaciones con la banca se bloquearon de forma brusca», advierte la abogada de la firma, que emplea a medio centenar de personas de forma directa. Como ayer informó este diario, el principal acreedor es Banesto. Además, entre la lista de acreedores hay otras entidades financieras: Caixanova, Banco de Valencia, Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cataluña.
La noticia de la suspensión de pagos, que fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante el pasado 16 de febrero, no ha generado tanta sorpresa como la vinculación del concurso de acreedores con la acción de la supuesta trama de ex trabajadores y empresas del mismo sector de frutos secos. Ayer, en Elche, fue ampliamente comentada la noticia en el seno de la Agrupación de Labradores y Ganadero y en otros círculos relacionados con el Camp d'Elx.
Fuentes de la investigación judicial y policial creen que en los próximos días puede haber novedades, aunque también está pendiente que se decrete secreto del sumario tras iniciarse diligencias previas. El empresario se muestra firme al denunciar que los cuatro ex empleados se han apropiado del fondo de comercio de la empresa.
El juez de lo Mercantil admite que Manolet está en estado de insolvencia al no atender pagos vencidos.
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